Chile atraviesa una profunda crisis social y moral, frente a la cual quienes amamos a nuestra Patria no podemos mantenernos impávidos. Por esta razón, hemos tomado la decisión trascendental de constituir un colectivo cuyo fin primordial sea devolver la integridad social y moral perdida por nuestro pueblo, a causa de los desaciertos de una clase política entregada no a la noble labor de la solución de las problemáticas de su pueblo, sino a la satisfacción de un pequeños grupo de individuos que constituyen los poderes económicos y que controlan nuestra economía en su propio y personal beneficio.

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Somos un colectivo que se declara por fuera del espectro binario tradicional de izquierda-derecha que ha imperado en la política chilena. Creemos que esa nomenclatura se haya obsoleta, relegada ya a la historia del siglo XX y que ha sido ampliamente superada por la ciudadanía. No le haremos el juego a la clase política tradicional, definiéndonos en función de distinciones artificiales construidas por elites políticas en su propio beneficio, con el objeto de separar a los chilenos y chilenas en izquierdistas y derechistas. Somos un colectivo de carácter SOBERANISTA, para todos y todas quienes amen a Chile y desean lo mejor para su Pueblo. En base a ello, reconocemos un natural y legítimo espacio a la cultura tanto de los pueblos originarios como de aquellas minorías nacionales que, desde el siglo XIX hasta nuestros días, han optado por convertir a Chile en su Patria. Lo anterior, sin perjuicio de nuestra creencia de que, si bien Chile tiene una realidad pluriétnica, es y debe seguir siendo un Estado Unitario, en el que se reconozca la existencia tanto de una mayoría nacional chilena como de otras minorías nacionales u originarias.

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Somos un colectivo que propende a la colaboración y a la integración latinoamericana, en un sentido social, económico y cultural. Consideramos que, en el actual mundo multipolar en el que vivimos, Sudamérica debe avanzar unida, con una mirada integracionista, respetando y aceptando la multiculturalidad a la par que promoviendo nuestra propia identidad, de forma de ser baluarte contra el neoliberalismo globalizante.

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Somos un colectivo ciudadano, porque entendemos que un partido político no es un fin en sí mismo, sino un instrumento necesario para disputar el poder y arrebatárselo a las oligarquías. A nuestro entender, actualmente no existe ningún partido político que trabaje para mejorar la vida de los chilenos con una mirada transversal y ciudadana. Y ello, porque el sentido común ha sido abandonado por la clase política. Ese espacio de lucha queremos llenarlo con innovación, participación y real democracia. La sociedad civil organizada es el camino para terminar con las malas prácticas de nuestra política. Por ello creemos que el poder es un acto de liderazgo y conducción y no una herramienta en beneficio de los intereses de sus propios miembros.

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Somos un colectivo contrario al salvaje modelo económico neoliberal basado en la concentración de la riqueza que ha sido impuesto en Chile. El abuso se convierte en el principio rector de un sistema que sociabiliza las pérdidas y privatiza las ganancias. Los partidos políticos de izquierda y derecha mantienen grandes diferencias en el discurso, pero ninguna en la práctica, puesto que han sido absorbidos por igual por el sistema económico y sus prácticas corruptas. Es por ello que hoy nos colocamos en el desafío histórico de construir una propuesta ANTI NEOLIBERAL que ponga en su centro el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas, defendiendo a los ciudadanos frente a los abusos del sistema.

 

Somos contrarios al abuso del ciudadano como consumidor y a la explotación del ciudadano como trabajador. Asimismo, rechazamos el individualismo propio del neoliberalismo, entendiendo que el individuo posee una función social y está llamado a objetivos más altos que la mera satisfacción de sus intereses personales y la búsqueda del beneficio particular. 

  

Ante la inmoral explotación de clases imperante en nuestro país, proponemos una COOPERACIÓN DE CLASES, con el Estado como garante, que congregue al capital y al trabajo, elementos de la ecuación productiva, en una prolífica relación de colaboración que resulte mutuamente beneficiosa. De esa forma, se introduce armonía entre fuerzas en conflicto, permitiendo que cada clase social refrene su natural tendencia a la satisfacción del interés personal, con miras a la obtención del bien común, que es siempre superior al bien individual.

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Queremos que el empresario crezca y gane, pero no a costa de negar legítimas reivindicaciones sociales y laborales al trabajador ni tampoco de aumentar su margen de ganancia por la vía de abusar del consumidor. Y si bien creemos tanto en la importancia del esfuerzo personal como herramienta de progreso individual como en que el derecho a la propiedad privada constituye un instrumento para la realización integral del ser humano en sociedad, igualmente creemos que tanto el esfuerzo personal como la propiedad privada tienen una insoslayable función social. Creemos que es el capital el que debe estar al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio del capital. El capital no es una divinidad intocable, sino un instrumento para alcanzar el bien común. Creemos que el capital debe ser domesticado y disciplinado, de tal forma que se someta a las reglas básicas de vida social, que implican la abolición del abuso al consumidor y de la explotación al trabajador. Los medios de producción, además de cumplir un rol de satisfacción de las necesidades de su titular, deberán estar sujetos a la obligación de ser un aporte a la sociedad en su conjunto. Creemos en la propiedad derivada del trabajo y del ahorro, más no así en la propiedad obtenida a través de la explotación, el abuso, la especulación y la colusión. Jamás pondremos al usurero y al coludido al mismo nivel del esforzado emprendedor que con su esfuerzo honesto y legítimo constituye, junto con la clase trabajadora, el puntal de nuestra Patria.

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El neoliberalismo le arrebató a Chile su soberanía económica, política, medioambiental, industrial y energética. Resulta esencial recuperar dicha soberanía perdida para ser capaces de restituir aquel equilibrio que nos permita construir un país más justo y equitativo. En ese ámbito, es clave RECUPERAR NUESTROS RECURSOS NATURALES, cuya propiedad pertenece a todos los chilenos, pero cuyos beneficios alcanzan sólo a unos pocos.

 

Creemos que, bajo una visión geopolítica, el Estado debe reservarse, en interés de la Nación toda, el control y la explotación de aquellos recursos naturales que sean estratégicos para el desarrollo del país (su propiedad, en su calidad de patrimonio nacional, recaerá no en una clase social en particular, ya sea ésta burguesía o proletariado, sino que en la Nación toda, representada por su forma jurídica y política, el Estado), como así también entendemos que el Estado tiene el deber de participar en la vida económica, a la par que los privados, en aquellas funciones que sean de entrega y provisión de derechos sociales inalienables a la naturaleza humana, como el trabajo, la salud, la educación, la vivienda, la seguridad y previsión social y los servicios básicos.

De esa forma, creemos que el Estado debe crear y operar empresas de servicios básicos y un sistema de previsión social de reparto solidario o bien crear una Corporación Nacional de Pensiones y Desarrollo País, cuyo principal objetivo no sea la obtención eficiente de una utilidad, sino el aseguramiento del respectivo derecho social o bien que tambien permita el desarrollo de la nación, generando utilidades que permitan incrementar las pensiones.

 

A la empresa privada se le reconoce el derecho a obtener una ganancia justa y legítima, pero sin caer en el abuso hacia el consumidor o en la explotación del trabajador. Para ello, el Estado deberá derogar de la legislación todos aquellos instrumentos legales que les permiten a los proveedores privados de los bienes y servicios la ejecución del abuso sobre el ciudadano y la explotación sobre el trabajador. De igual forma, creemos que el Estado tiene el deber ineludible de velar por la protección de los intereses del elemento más débil de la ecuación productiva, esto es, el trabajo. Por lo mismo, el Estado debe generar una potente legislación laboral que promueve los sindicatos fuertes (como forma de manifestación de la solidaridad colectiva de los trabajadores, por sobre el egoísmo individual del trabajador aislado) y la negociación colectiva por rama productiva, con un derecho a huelga  efectivo. Además, creemos que se debe replantear la forma en que se distribuye la riqueza creada por medio del trabajo, de forma tal de aumentar la participación que los trabajadores tienen actualmente en el Producto Interno Bruto del país. Creemos que no sólo el capital, sino también el trabajo es fuente de la riqueza y, por lo mismo, debe ser protegido por el Estado.

 

Queremos poner término al neoliberalismo mediante un debate de cara a la ciudadanía, en la búsqueda de una estructura política y económica de Buen Vivir y absolutamente SOBERANISTA, con características re-evolucionarias, respetuoso del medio ambiente y que defienda al ser humano frente al abuso ejercido por los poderes económicos. Un sistema nacional de desarrollo económico que responda a los intereses del país y no al interés de las transnacionales, de Estados extranjeros o de la minoría oligárquica nacional.

 

Deseamos un sistema económico que proteja a las mayorías, a los débiles y a los trabajadores, y no uno que responda a los intereses de los poderosos grupos económicos que explotan y especulan. El centro del nuevo sistema económico que proponemos serán las necesidades del ser humano y no el mercado, el egoísmo económico y la utilidad. Creemos en un desarrollo económico que distribuya la riqueza, que garantice trabajo digno y bien remunerado, vivienda decente, un sistema de prestaciones sociales con pensiones decentes, que apoye la economía solidaria sustentada en las cooperativas, la pequeña y la mediana empresa y la asociatividad empresarial. Para lograr lo anterior, proponemos un sistema económico que sea capaz de hacer lo que, hasta el día de hoy, ninguna propuesta ha podido: dar estabilidad económica y justicia social y solidaridad al mismo tiempo.

 

Hoy en día, tanto neoliberalismo como el socialismo han fracasado. Mientras el neoliberalismo se preocupa de la producción de la riqueza, el socialismo pone énfasis en la distribución de ésta. El neoliberalismo triunfa en la tarea de producir riqueza, pero fracasa a la hora de distribuirla con justicia, porque la reconcentra en manos de unos pocos, a la par que abusa y explota a millones en el proceso de crear dicha riqueza. Por su parte, el socialismo plantea, al menos en el papel, formas maravillosas de distribución de la riqueza, pero fracasa en generarla, razón por la cual termina asimismo fracasando en su objetivo de distribuirla, pues no se puede repartir aquello que no existe. Por lo mismo, como colectivo propendemos a la creación de un nuevo sistema económico, de raíz keynesiana, capaz de aunar lo mejor del capitalismo (capacidad de producir riqueza) con lo mejor del socialismo (distribución justa y solidaria de la riqueza), pero que no sea reconocible ni como uno ni como otro.

 

Propugnamos así un sistema económico de carácter nacional, esto es, que nazca de las propias necesidades y peticiones que hace nuestro Pueblo, todo ello con el objeto de generar un Estado de Justicia, Seguridad, Solidaridad y Bienestar Social General para todas las clases sociales. Creemos que ya es momento de desterrar de una vez por todas la falacia neoliberal de que el crecimiento económico es incompatible con la justicia social y la solidaridad, de que el precio que se paga por tener derechos sociales es la pérdida del crecimiento económico y la libertad de emprendimiento y que se debe elegir entre tener derechos sociales y bonanza económica, pero no ambas.

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En cuanto a los llamados temas valóricos, como colectivo apoyamos la interrupción del proceso de gestación intrauterina de un ser humano cuando éste pone en grave peligro la vida de la mujer, es producto de una relación sexual no consentida o bien el feto presenta malformaciones o anomalías de tal carácter que lo hacen incompatible con la vida extrauterina, tal como lo permite la legislación vigente. Sin embargo, como colectivo, nos declaramos contrarios a la despenalización de la interrupción del proceso de gestación de un ser humano para motivos distintos a los antes señalados o, aún más, cuando se lleva a cabo sin mención de causa alguna (aborto libre). En resumen, estamos de acuerdo con 3 causales y velaremos por evitar el Aborto entregando herramientas por parte del estado hacia las mujeres que lo necesiten.

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Con el objeto de dar debido cumplimiento a los ideales expresados en los principios de nuestro colectivo, a continuación venimos en expresar el siguiente programa político:

 

1. En cuanto a los RECURSOS NATURALES, exigimos dar inicio a un Proceso de Recuperación Nacional de todas las riquezas mineras estratégicas de las que hemos sido expoliados por el gran capital nacional y foráneo. Si bien tanto el inciso 6° del numeral 24 del artículo 19 como la disposición tercera transitoria de la Constitución Política del Estado reconocen la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre de 1971, estas disposiciones constitucionales han sido violentadas flagrantemente por normas de rango jurídico inferior contenidas en el Código de Minería y la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, de forma tal que, en los hechos efectivos, se ha procedido a una desnacionalización. Por ello, denominamos al proceso de recuperación de nuestras riquezas y de retorno al respeto del mandato constitucional Renacionalización de la Gran Minería del Cobre. Las riquezas obtenidas con esta renacionalización serán destinadas al financiamiento de un programa público de entrega de derechos sociales a la población, como así también a la generación de una red industrial en todo el país, destinada a pasar de una economía primaria extractivista a una economía industrial, en la que el Producto Interno Bruto dependa fundamentalmente de la actividad industrial y manufacturera.

2. En cuanto a las AGUAS, proponemos su recuperación para el beneficio nacional en conjunto con toda la diversidad biológica que en ellas habitan. Por esa razón abogamos por la anulación de la Ley N° 20.657, que modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura en lo referente a la actividad pesquera industrial y artesanal, por ser producto de actos reñidos con la honestidad y, además, por lesionar gravemente el interés nacional, en lo relativo al uso de los recursos marinos.

3. Eliminar el Articulo 19, N°24 Inciso final de nuestra actual constitución, la que asegura que los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos.

 

Asimismo, exigimos la derogación del Código de Aguas, a fin de proceder a la renacionalización del agua dulce en interés nacional, restableciendo el régimen de indisolubilidad de la tierra con sus fuentes y cauces de agua.

En la nueva Constitución, a cuya creación convocamos al Pueblo de Chile, se consagrará el acceso al agua de consumo como un derecho social garantizado por el Estado y su absoluta prohibición de ser sometida a cualquier régimen que la considere como un bien de consumo o susceptible de transacción comercial. Abogamos por una normativa de protección de humedales, glaciares, aguas subterráneas y cabeceras de cuenca.

 

1. En cuanto a DERECHOS SOCIALES, proponemos la consagración a nivel Constitucional de la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la seguridad social y los servicios básicos como derechos sociales inalienables a la naturaleza humana.

2. En cuanto al TRABAJO como derecho social, debe consagrase el deber del Estado de proporcionar ocupación laboral a quien no la halle en el sector privado; el derecho a una retribución material justa que satisfaga las necesidades vitales del trabajador y de su familia; el derecho a una capacitación laboral (a cargo del empleador, sea privado o público), destinada a mejorar las aptitudes del trabajador a través del aprendizaje y el perfeccionamiento; el derecho a condiciones laborales dignas y justas; el derecho al cuidado de la salud, mediante un ambiente de trabajo seguro y limpio; el derecho al descanso que posibilite la debida recuperación de las fuerzas mediante el reposo y el esparcimiento familiar; el derecho a la asociación en defensa del interés laboral mediante toda actividad lícita; el derecho a la seguridad social y al amparo en caso de disminución, suspensión o pérdida de la capacidad laboral, siendo ineludible el deber activo del Estado a este respecto.

3. En cuanto a los SERVICIOS BÁSICOS, el Estado deberá dar cumplimiento a su deber de proveer de éstos a la ciudadanía mediante la creación, administración y operación de empresas públicas de servicios básicos y estratégicos (en especial, agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones y energía eléctrica), las que se incorporarán al mercado junto con los proveedores privados. El Estado, a diferencia de estos últimos, no podrá marginar utilidad por su servicio, con excepción de un porcentaje pequeño, destinado a solventar los gastos propios de la operación, la inversión y la administración de dichas empresas.

4. En cuanto a una NUEVA CONSTITUCIÓN, abogamos por una nueva Carta Magna generada mediante un plebiscito vinculante para mediante Asamblea Constituyente la ciudadanía decida su carta magna, en la que las fuerzas populares tengan completa y debida capacidad de expresión a lo largo de todo su proceso de elaboración.

5. En cuanto al ÓRGANO LEGISLATIVO, proponemos el reemplazo del actual Congreso Nacional por una Asamblea Nacional Legislativa unicameral con menos miembros. Los asambleístas serán elegidos mediante un sistema mayoritario que no distorsione ni violente la voluntad de los electores; gozarán de dietas que no superen los diez sueldos mínimos; podrán acceder a una sola reelección; deberán tener trabajo legislativo de lunes a viernes; podrán renunciar libremente al cargo; en caso de vacancia serán reemplazados por la siguiente mayoría relativa obtenida en la elección en cuestión; cesarán en su cargo, en primer lugar, en caso de presentar o votar, a sabiendas, en favor de un proyecto de ley que de forma evidente beneficie a los grupos económicos en perjuicio de la ciudadanía y, en segundo lugar, en caso de tener intereses comerciales en sociedades o inversiones; no gozarán de fuero parlamentario como mecanismo de procesabilidad; no gozarán de dieta en caso de ser desaforados y durante todo el tiempo que dure su desafuero y podrán ser destituidos de su cargo a petición popular. Este nuevo órgano legislativo considerará en su reglamentación, además, la iniciativa popular de ley y la  eliminación de la exclusividad presidencial en la iniciativa para proyectos de ley que versen sobre sueldo mínimo, negociación colectiva y seguridad social.

 

Además, abogamos por la restitución de los PLEBISCITOS VINCULANTES, mediantes las cuales el Presidente de la República pueda pedir su pronunciamiento a la ciudadanía en materias relacionadas con el buen gobierno de la Nación.

 

De igual forma, proponemos una NUEVA LEY DE PROPAGANDA ELECTORAL, que contemple un financiamiento público igualitario, así como la restricción de espacios de propaganda, como asimismo una nueva LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS con el refichaje nuevamente y ante una fizcalización exhaustiva por parte de la ciudadanía de todos los partidos políticos actuales.

 

1. En cuanto a la SALUD PÚBLICA, el Estado ampliará, mejorará y modernizará la red de atención en sus niveles primario (postas, consultorios y centro de salud familiar), secundario (consulta de especialistas, laboratorio y exámenes) y terciario (hospitales de alta, media y baja complejidad). La construcción y la operación de estos recintos estarán a cargo del Estado, dejándose de lado la figura de la tercerización. A la par, se aumentarán las remuneraciones del personal médico, técnico y administrativo. El Estado creará y administrará un Servicio de Venta de Medicamentos al Púbico, denominado Farmacia de la Obra Social del Estado, con un recargo del 5 % del valor de costo del producto, a fin de financiar el sistema. Se dará inicio a una política pública de construcción de hospitales y centros de salud. Se reformará de manera profunda y sustancial el sistema de salud privado (reforma Isapres). Se generarán programas y mecanismos de salud pública para la discapacidad y la tercera edad y, en materia de políticas públicas de salud alimentaria, se prohibirá el uso y cultivo de transgénicos.

 

1. En cuanto a la EDUCACIÓN PÚBLICA, proponemos la sanción carcelaria del lucro en todo nivel educacional, una nueva Carrera Docente que reivindique la carrera del profesor, que termine con los profesores a contrata, que disponga el reajuste del sueldo en un 5 % cada tres años, un salario mínimo docente de $ 1.100.000, 50 % de horas (pagadas) no lectivas para preparar clases, reconocimiento de las enfermedades profesionales docentes, reemplazo de la evaluación docente por los mecanismos de evaluación que tienen los funcionarios públicos, bono de incentivo al retiro, pensiones equivalentes al menos al 75 % del sueldo, capacitación y perfeccionamiento permanente a cargo del Estado y asignaciones por desempeño difícil, por perfeccionamiento y por función. Exigimos el completo y definitivo pago de la vergonzosa Deuda Histórica que el Estado de Chile mantiene desde hace casi 40 años con el profesorado chileno.

 

Por otro lado, abogamos por el reemplazo del criterio de la subvención escolar por asistencia, por un criterio de matrícula y del criterio de repartición de los fondos públicos entre colegios públicos y particulares subvencionados, pasando de un criterio de reparto igualitario entre ambos a un criterio de reparto en justicia, entregando a cada tipo de colegios según sus necesidades. Abogamos, asimismo, por la inyección masiva de recursos públicos a la red de colegios públicos (recursos que NO tendrán espejo en el sector privado). El Estado deberá construir una red de nuevos jardines infantiles, colegios, universidades y centros de formación técnica de carácter público a lo largo de todo el territorio nacional. Proponemos, de igual forma, la implementación de la gratuidad universal de la educación pública, como así también la modificación del actual sistema de ingreso a la universidad.

 

1. En cuanto a VIVIENDA SOCIAL, abogamos por un plan nacional de construcción de viviendas sociales dignas (mínimo de 60 metros cuadrados de superficie) a cargo del Estado, sin ahorro inicial y con un pago del 5 % del ingreso familiar durante un período de 15 años.

2. En cuanto a PREVISIÓN SOCIAL, exigimos la creación de un sistema nuevo de pensiones basado en una Corporación Nacional de Pensiones y Desarrollo País o bien anular los cerca de 903 cambios realizados al modelo actual de AFP, permitiendole al cotizante decidir donde invertir sus fondos y que estos no esten sujetos a la administración de Privados si no de los propios cotizantes.

3. En cuanto a SEGURIDAD CIUDADANA, proponemos un cambio de la política penal actual, pasando de las cárceles ociosas a los Centros de Rehabilitación Pública en los que el interno estudia y trabaja. Se construirán centros públicos en los que los internos estudiarán carreras técnicas o universitarias, a la par que trabajarán para costear una parte de los gatos de su manutención por parte del Estado. En el caso de los condenados por delitos de alta peligrosidad, éstos serán sometidos a un régimen disciplinario estricto. Además, abogamos por la obligación de la prisión preventiva y la no procedencia de penas sustitutivas en caso de delitos graves, así como también a la no aplicación de la atenuante de la intachable conducta anterior para el gran narcotraficante.

4. En materia de CREACIÓN DE EMPLEO, abogamos por un desarrollo económico que permita el más alto índice de ocupación laboral en sector privado. Para el caso de que este sector no logre la ocupación de toda la mano de obra, el Estado deberá implementar un sistema de absorción de mano de obra mediante la creación de programas de construcción de obras públicas tales como carreteras, colegios, hospitales y centros de rehabilitación pública. En este sentido, proponemos repotenciar la función de la Corporación de Fomento a la Producción, permitiendo la creación de empleos a través de ella.

5. En materia de MEJORAS LABORALES, abogamos por el fortalecimiento de la sindicalización, la instauración de la negociación colectiva por rama productiva, la eliminación de los grupos negociadores, la huelga efectiva y la derogación del actual Código del Trabajo. Además, exigimos la introducción a la negociación colectiva de los 2.800.000 trabajadores de sector pyme (un tercio de los asalariados nacionales), el término de la polifuncionalidad, el fortalecimiento de la Dirección del Trabajo, la consagración de un estatuto del trabajador agrícola de temporada y un plan de construcción de salas cunas públicas a lo largo del país. Finalmente, proponemos una profunda reforma a la Ley 20.123, que regula el régimen de subcontratación, mejorando la deficiente protección que hoy tiene el trabajador tercerizado.

6. En cuanto a SALARIO MÍNIMO, consideramos que éste es de mera sobrevivencia y no permite acceder a las condiciones esenciales propias de la dignidad del ser humano. Por ello, proponemos aumentar la participación del trabajador en las utilidades, llegando a un salario digno de $ 400.000, monto que constituye el piso básico para que un trabajador pueda vivir en condiciones de dignidad humana. Este salario digno, a su vez, será reajustado anualmente de acuerdo a la condiciones del mercado, de forma de mantenerlo ajustado a la realidad. Esta medida se fundamenta en el hecho de que la clase obrera carece de capacidad de ahorro, pues se ve obligada a tener que gastar todo su salario en vivir. Si el Estado decreta un aumento del sueldo mínimo, el saldo suplementario tampoco será ahorrado, sino que será gastado en consumir bienes y servicios a los que antes no se podía acceder a no ser mediante el crédito. Al aumentar su consumo, el trabajador estará aumentando la demanda y ello redundará en favor de la industria privada, que es la que produce los bienes y servicios que la clase obrera consume. Si el empresario debe ampliar su producción para satisfacer ese aumento de la demanda, expandirá su negocio y, con ello, se verá en la necesidad de contratar más mano de obra. El aumento del salario mínimo estimula el consumo y el aumento de éste es el principal incentivo de inversión para el privado. El aumento del salario mínimo es, pues, beneficioso tanto para el empresario como para el trabajador, que verá mejorado su nivel de vida y el de su familia.

7. En cuanto al PUEBLO MAPUCHE, solidarizamos con él frente a las expoliaciones de sus territorios ancestrales, de las que fue objeto por parte del Estado chileno durante el siglo XIX. Abogamos por la creación de una Comisión de Esclarecimiento Histórico del Proceso de Pacificación de la Araucanía, la entrega de reparaciones derivadas del daño causado por el proceso expoliativo y la creación de nuevas instituciones públicas de protección indígena. De igual forma, proponemos la realización de una GRAN REFORMA AGRARIA MAPUCHE, que contemple la recuperación de los territorios ancestrales actualmente en manos de las empresas forestales privadas, los que les serán entregados en propiedad colectiva a las diversas comunidades mapuches. Ello deberá ser complementado con la concesión de un grado de autodeterminación al pueblo mapuche. Lo anterior deberá llevarse a cabo sin comprometer la estabilidad o el interés del Estado y la Nación chilena.

8. En materia de MEDIOAMBIENTE, proponemos el cambio de la matriz energética a energías limpias, un endurecimiento de la normativa de protección medioambiental. Se propone la readecuación de la Ley General de Servicio Eléctricos, permitiendo la participación activa del Estado en la planificación y desarrollo de una matriz energética sustentable, basada en energías renovables no convencionales. El Estado creará y operará empresas públicas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica en base a energías limpias. Abogamos por el desarrollo de una política de desierto energético, que permita la utilización de los territorios del norte del país en la generación de energías renovables. Además, se elaborará una normativa sobre eficiencia energética, la que definirá los alcances, roles y responsabilidades de los actores involucrados en el proceso de generación eléctrica, convirtiendo este tópico en una política de Estado de carácter permanente.

9. En materia de CORRUPCIÓN en el aparato público, exigimos el endurecimiento de las actuales normativas al respecto, con sanciones draconianas, acordes con las altísimas exigencias que le impone la ciudadanía a sus representantes, para los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude al fisco y malversación de caudales públicos. Exigimos tanto la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y de representación popular como la total y completa restitución de los bienes mal habidos para los condenados por tales delitos.

10. En materia de CARRERA FUNCIONARIA, abogamos por el definitivo término de la abusiva figura de la contrata y el establecimiento de incentivos justos y dignos al retiro.

11. En cuanto a las FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN Y SEGURIDAD, proponemos su reforma, en función de la constitución de un escalafón único.

12. En cuanto a DESARROLLO Y JUSTICIA ECONÓMICA, abogamos por un nuevo trato con el capital privado, destinado a la eliminación de todas las herramientas legales que permiten la ejecución del abuso al consumidor y de la explotación del trabajador. Exigimos la derogación de la capitalización de intereses y de la cláusula de aceleración, como así también la tipificación de nuevos delitos económicos penados con cárcel efectiva y el término del uso de las concesiones a privados. Finalmente, abogamos por una planificación público-privada para un desarrollo económico industrial ordenado, que involucre una política de fijación de precios máximos, así como también la eliminación del IVA a los artículos de primera necesidad y la limitación de las utilidades en la compraventa de los mismos.

13. En cuanto a POLITICAS PUBLICAS HACIA LA MUJER, abogamos por la institución de políticas contra la violencia hacia la mujer. De igual manera, proponemos la creación de herramientas legales que les otorguen a éstas más y mejores oportunidades laborales, como asimismo abogamos por la definitiva eliminación de la abusiva brecha salarial que se mantiene con el hombre, como así también de las formas de discriminación que las mujeres sufren en materia de previsión social y salud. De igual forma, y ante la preocupante disminución de la tasa de natalidad, proponemos la creación de políticas públicas destinadas a incentivar y apoyar a la maternidad, tales como el incremento del monto del bono entregado por hijo y de las cargas familiares.

14. En cuanto a la INMIGRACIÓN, proponemos una nueva Ley de Inmigración que esté fundada en el principio de que el turismo no constituye migración y que consagre máximos anuales de entrada al país, sin hacer discriminación alguna respecto de la nación de procedencia del inmigrante. Dentro de los máximos anuales, la entrada al país será libre, siéndole sólo limitada a quienes presenten antecedentes penales por delitos graves cometidos en su país de origen u otro país. Para permanecer en Chile, sólo se requerirá que el inmigrante no cometa delitos graves como narcotráfico, robo con violencia, homicidio, secuestro y violación. En caso de ser condenado por alguno de estos delitos, deberá ser inmediatamente deportado a su país de origen.

15. En cuanto a funcionamiento de SERVICIOS PÚBLICOS, proponemos una profunda reestructuración y rediseño del Servicio Médico Legal, de la Oficina Nacional de Emergencias, del Servicio Nacional dela Discapacidad, del Servicio Nacional del Adulto Mayor, del Servicio Nacional de la Mujer y del Servicio Nacional del Consumidor. En relación a la vergonzosa e inaceptable situación vivida en el Servicio Nacional de Menores SENAME, exigimos no sólo su reestructuración y rediseño profundo y urgente, sino también la creación, por parte del Estado de Chile, de una Comisión Nacional de Investigación y Reparación de las gravísimas vulneraciones de derechos cometidas por este órgano estatal.

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