Quienes habitamos en regiones, vivimos a diario la idea de que Chile es un país centralista, no tan solo en el funcionamiento del gobierno, sino que también en los puestos de trabajo, en las empresas, medios de comunicación, educación, salud y hasta en el sector financiero. Y esto también se da a nivel regional, donde las capitales regionales centran casi la totalidad de los servicios. Nuestra propia historia, ha dado cuenta de esta cultura centralista, que se puede pesquisar hasta la época de la conquista española, y fortalecida, por la ausencia de procesos políticos económicos y sociales que no permitieron el desarrollo de las regiones. Es en este período en que se requiere, más que nunca, de la integración y la unidad para superar las dificultades económicas, fortaleciendo las capacidades humanas e invirtiendo en el más valioso capital de que se dispone, mediante la capacitación y el perfeccionamiento, en especial entre los jóvenes, quienes requieren con urgencia de una atención que afiance su proceso formativo, generando, al mismo tiempo, las condiciones para su incorporación al mercado laboral ya que ello es un factor determinante para lograr la baja en los indicadores de pobreza, sobre todo de regiones.

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Para entender el Plan de Descentralización propuesto por ChileDigno, debemos enfocarnos en la diferencia básica que existe entre regionalización y descentralización, y esta radica en que la primera es el fondo y forma que se da un país para “organizar” territorialmente el poder económico, social y político de una nación. Por su parte, descentralización es la manera –amplia o restringida- de “distribuir” principalmente el poder político sobre aquella forma territorial en la que se ha organizado el país. Puesto en un ejemplo, la regionalización en Chile se inspira y se ha inspirado históricamente en un modelo de ordenamiento territorial basado en la promoción del crecimiento/desarrollo sobre un territorio principal llamado “región”, por eso el actual modelo de descentralización apunta mayoritariamente a las regiones. Ambos conceptos, descentralización y regionalización, son diferentes pero están profundamente conectados y son medios y no fines en sí mismos, juntos deben perseguir un objetivo mayor.

La tarea de regionalizar efectivamente al país pasa necesariamente por el poder de la ciudadanía y por su sentido de pertenencia. No en vano el poder de decisión de las personas es fundamental para lograr este tremendo objetivo, y es a la ciudadanía a la que se delegan grandes responsabilidades en esta materia, entre otras cosas, exigiendo la elección por sufragio universal de los consejeros regionales y de su presidente/a, el Intendente, estimulando con ello, el surgimiento de nuevos liderazgos, al margen de ambiciones personales o partidarias y que busquen un único y claro objetivo “El Bien Común”.

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En ese contexto, son hitos de la descentralización a nivel nacional, la publicación de la Ley 21.073, la cual regula la elección de gobernadores regionales a partir del año 2020, la implementación de la Ley 19.175 sobre Gobiernos Regionales y administración regional, dictada en la década de los noventa, y; la Ley 21.074 sobre fortalecimiento de la regionalización del país.

La implementación de la nueva legislación sobre descentralización abre una oportunidad cierta para que la toma de decisiones respecto del desarrollo de las regiones por parte de las autoridades sea vinculante respecto de los ciudadanos (Plesbicitos). A modo de ejemplo, la nueva Ley sobre fortalecimiento de la regionalización (21.074, Promulgada el: 02-FEB-2018) establece:

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"Los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, tendrán patrimonio propio y ejercerán las funciones y atribuciones que la ley les confiere. Podrán desarrollar sus competencias directamente o con la colaboración de otros órganos de la Administración del Estado. La administración de sus finanzas se regirá por lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, del Ministerio de Hacienda, de 1975, orgánico de Administración Financiera del Estado y en las demás normas legales relativas a la administración financiera del Estado. Cualquier nueva función o atribución que se les asigne a los gobiernos regionales deberá identificar la fuente de financiamiento y contemplar los recursos para su ejercicio."

Por tanto, esta ley también establece que dentro de Funciones y Atribuciones del Gobierno Regional, estará el “elaborar y aprobar el plan regional de ordenamiento territorial en coherencia con la estrategia regional de desarrollo y la política nacional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de los ministros que conforman la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (No me Gusta, debiese ser por Plebiscito Regional). El plan regional de ordenamiento territorial es un instrumento que orienta la utilización del territorio de la región para lograr su desarrollo sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macro zonificación de dicho territorio. También establecerá, con carácter vinculante, condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos y condiciones para la localización de las infraestructuras y actividades productivas en zonas no comprendidas en la planificación urbanística, junto con la identificación de las áreas para su localización preferente.

El incumplimiento de las condiciones provocará la caducidad de las autorizaciones respectivas, sin perjuicio de las demás consecuencias que se establezcan. El plan reconocerá, además, las áreas que hayan sido colocadas bajo protección oficial, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación respectiva. El plan regional de ordenamiento territorial será de cumplimiento obligatorio para los ministerios y servicios públicos que operen en la región y no podrá regular materias que tengan un ámbito de influencia u operación que exceda del territorio regional ni áreas que estén sometidas a planificación urbanística.

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La elaboración del plan regional de ordenamiento territorial se iniciará con un diagnóstico de las características, tendencias, restricciones y potencialidades del territorio regional. El plan será sometido a un procedimiento de consulta pública que comprenderá la imagen objetivo de la región y los principales elementos y alternativas de estructuración del territorio regional que considere el gobierno regional. Dicho procedimiento tendrá una duración de, al menos, sesenta días, debiendo consultarse paralelamente a las municipalidades de la región y a los organismos que integren el gobierno regional. Los antecedentes anteriores servirán, en su caso, de base en el diseño del plan regional ajustándose a lo establecido en el Párrafo 1° bis del Título II de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. La convocatoria a la consulta pública deberá ser difundida en un medio de comunicación nacional y en otro regional, a lo menos. El plan deberá evaluarse y, si corresponde, actualizarse, en ciclos que no superen períodos de diez años.”

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Sin perjuicio de la relevancia de las normas sobre elección democrática de los gobernadores regionales y el fortalecimiento de la descentralización en nuestro país, el ámbito de la participación ciudadana se verá fortalecido, toda vez que su reconocimiento y la implementación de instancias formales, implicarán el mayor desafío de dichas reformas, a saber, el traspaso real de poder desde la autoridad a la ciudadanía. Por tanto, como ChileDigno, apostamos por la realización de una difusión a todo orden regional, convocando a cabildos y puntos de encuentro desde juntas de vecinos, Unidades Vecinales, municipales, provinciales y regionales para alcanzar de esta forma la modernización real, democrática y participativa que nos permitirá apoyar e impulsar las siguientes medidas: